Concienciación y Medio Ambiente

Economía y medio ambiente
Actualmente la humanidad se enfrenta a una crisis ecológica de gran magnitud.
Problemas como el agujero en la capa de ozono, el incremento de gases de efecto invernadero, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos tanto renovables como no renovables, la contaminación del suelo y del aire, entre otros, lo denotan.

Tanto las administraciones como las instituciones científicas aceptan este hecho como incontrovertible.
Los causantes de estos fenómenos lo son en grado diferente, y desigual es también el grado en que los afectados sufren sus consecuencias. Las emisiones de CFC (clorofluoro-carburo1), por ejemplo, se produjeron esencialmente en los países industrializados y sus efectos más severos se perciben y percibirán sobretodo en las zonas más cercanas a los polos; la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero correlaciona en gran medida con el nivel de renta de los países, que no tienen porqué ser los más afectados por los cambios drásticos en el clima ni por la subida del nivel del mar, etc.

Existe además una lucha por la apropiación de los recursos. Recientes guerras ilustran de forma dramática las consecuencias de la adicción al petróleo del sistema económico actual; pero también el agua dulce es un bien progresivamente más escaso y, por tanto, cada vez más estratégico. De la misma forma existe una lucha por la apropiación de las cuotas de pesca, los bosques, las semillas, la biodiversidad en animales y plantas, etc.

Así como está mayoritariamente reconocida la existencia de estos problemas ambientales y de los conflictos que de ellos derivan, normalmente no se hace suficiente hincapié en la identificación y análisis de sus causas. Sin embargo, parece evidente que la crisis ecológica es consecuencia indisociable –por lo menos hasta el momento– de la dinámica de funcionamiento del sistema económico.

Y es que la economía no se entiende como lo que es, un subsistema dentro del sistema ecológico global, sino como un todo que debe regir el resto de aspectos. En este sentido los recursos naturales (e incluso las personas) no son vistas más que como recursos para incrementar la producción, el consumo y finalmente, los beneficios. Parece que hemos pasado de una economía al servicio del bienestar, a una lógica en que ciudadanos y medio ambiente deban estar al servicio de la economía.

Este reduccionismo económico se agrava, incluso, porque desde un punto de vista estrictamente económico, el mercado está lejos de realizar lo que se supone que es su principal virtud: asignar los recursos eficientemente. En la primera página de cualquier libro básico de economía capitalista se enuncian las condiciones necesarias para que el mercado cumpla esa función: que exista suficiente competencia para que ni compradores ni vendedores puedan influir sobre el precio, que exista suficiente información sobre precio y calidad de los productos para que los agentes tomen decisiones razonables. Pero lo que también está en esa primera página es que las decisiones que se tomen en el mercado sólo afecten a los que participan en una compra-venta.

Sin embargo, las consecuencias de muchas actividades económicas no se limitan tan sólo sobre aquellos que deciden realizarlas, sino que afectan a terceros, y estas consecuencias reciben el nombre de externalidades. Los impactos ambientales de una economía son uno de los ejemplos más claros de externalidades: nuestra contaminación que afecta a terceros que ni emiten gases porque no tienen coche, ni venden, ni consumen; agotamiento de recursos por nuestro derroche que afectará a las generaciones futuras que no tendrán estos recursos, etc. La práctica totalidad de los impactos ambientales significan un coste –explícito o no– al que el conjunto de la sociedad tiene que hacer frente sin que le corresponda, puesto que tiene responsables concretos.

Hablando en términos estrictamente económicos, luchar contra estas externalidades es una exigencia esencial para que el mercado asigne de manera eficiente los recursos. Hablando en términos ambientales, entender el porqué de estas externalidades y tratar de minimizarlas es sinónimo de resolver los problemas ecológicos que causan, y las consecuencias sociales y de todo orden que llevan apareadas.

Desde una óptica individualista, las externalidades no son más que un “éxito” (yo soy capaz de transferir problemas que yo he generado al resto de la sociedad), y en un contexto competitivo como el en que estamos favorece que aquél que tenga más éxito en esta transferencia (aquél que tenga menos en cuenta los impactos ambientales que genera), tenga más ventaja sobre el resto. Este argumento es clave para comprender porqué la generación de impactos ambientales forma parte integral en la lógica misma del sistema económico.

Las externalidades son como un “codo invisible” en el sentido que golpean el resto de competidores y la sociedad en general. No existe esta “mano invisible” por medio de la cual el mercado “regula” todo. La destrucción ambiental y el malestar de las personas tiene responsables. Las externalidades no son un efecto colateral del funcionamiento del sistema económico, sino que se producen en prácticamente todas las actividades y, por tanto, son una consecuencia central del modelo económico actual. El impacto ambiental aumenta en paralelo al aumento de la renta per cápita.

La economía crece, pero crece más la destrucción del medio ambiente. El producto interior bruto per cápita aumenta en España (25% en 10 años), pero suben más las emisiones de gases de efecto invernadero (más del 45% desde 1990), la destrucción del territorio, el consumo energético. Estamos gastando una cantidad de recursos por encima de nuestras posibilidades.

Esta tendencia hace necesaria una intervención de la Administración pública con una lógica diferente a la del mercado. Sin normas y controles desarrollados por la Administración –que por cierto ha asumido por completo la economía de mercado en su propio actuar– peligra nuestro bienestar y el de las futuras generaciones.

La necesidad de la intervención mediante políticas públicas, se hace particularmente clara si consideramos que algunos de los recursos ambientales básicos (p.e. agua, aire, peces, madera, etc.) son bienes públicos que son tratados siempre o en muchas ocasiones como gratuitos y de libre acceso, de modo que las consecuencias lógicas de su aprovechamiento en régimen de competencia son el derroche y la sobreexplotación, debido a la busca del beneficio personal a costa de la explotación de unos recursos que son (o deberían ser) de todos. Si las decisiones sobre el uso de estos recursos se tomaran desde una óptica colectiva, la lógica sería enteramente diferente. Las decisiones de producción que la administración (suponiéndola democrática y no corrupta) tomaría en persecución del bien colectivo deberían limitar mucho los impactos ambientales puesto que, en caso de producirse, recaerían sobre la sociedad cuyos representantes han tomado la decisión. Por tanto, sólo si así se decide desde fuera de la lógica del mercado, mediante procedimientos democráticos, podrán establecerse mecanismos con capacidad para paliar las tendencias hacia la generación de impactos ambientales que son inherentes a la lógica de funcionamiento del mercado y que conducen a una gestión insostenible de los recursos.

Para que la definición de estas políticas públicas garantizase un desarrollo sostenible también haría falta considerar las restricciones sobre el funcionamiento del sistema que nos vienen dadas desde la física y la ecología.

Una sociedad será sostenible solo si lo es en un triple sentido: económico, social y ambiental. Estos tres ejes son indisociables. Económicamente, hace falta que el sistema cubra las necesidades de las personas, lo que para que sea viable a largo plazo hace falta que se haga explotando los recursos de una forma que no lleve a su agotamiento y que permita, además, mantener todos los servicios ambientales básicos que proveen los ecosistemas (regulación del clima, autoregeneración, mantenimiento de la biodiversidad…). Esta forma de explotación debe asumir la responsabilidad de las generaciones presentes con las futuras para que tengan el mismo derecho a poder vivir dignamente.

La idea de desarrollo sostenible tiene que ser más operativa. Tenemos que aprovechar más los recursos como el sol o el viento. Con respecto a los recursos no renovables (minerales, carbón, petróleo, etc.) hace falta que bajamos sustancialmente su tasa de aprovechamiento (con el fin de sustituirlos a medio y largo plazo por recursos renovables). Tampoco podemos generar más residuos que el medio ambiente puede asimilar.

Estas restricciones ilustran que lejos está el modelo económico actual de funcionar de forma sostenible. El crecimiento permanente esta divorciado de la naturaleza. La lógica del sistema económico ha creado gran parte de los problemas ambientales que tenemos planteados, por lo tanto, también sus soluciones tienen que ser producto de cambios en el mismo. Hace falta recuperar una economía, que persigue la gestión sabia y eficaz de los recursos. Solo en este nuevo contexto, los objetivos económicos dejarán de diferir de los objetivos sociales y ambientales comunes.

Nuestra economía y las responsabilidades asociadas van más allá de nuestras fronteras.

Los efectos del sistema económico de un país van mucho más allá de sus fronteras.
Podría decirse que el terreno de juego, ni tiene unos bordes definidos, ni para nada coinciden con los límites territoriales del país cuyos residentes y empresas ordenan las transacciones. Una economía como la española es, por un lado, altamente dependiente de importaciones de materias primas.

Estos materiales importados conllevan una serie de impactos ambientales en los países de origen que no acostumbramos a considerar y por ello adquirimos una responsabilidad ambiental que habitualmente no es reconocida (cuando los pueblos del Sur sufren nuestra demanda de materias primas). Incluso algunos de los efectos ambientales que se producen aquí tienen efectos globales, p.e. emisiones de gases invernadero. En estos casos aunque la responsabilidad está en los países enriquecidos los impactos los transmitimos al exterior. Finalmente la actuación directa de algunas transnacionales españolas en otros países repercuten positivamente en el aspecto monetario de la economía española, pero conllevan importantes impactos ambientales y sociales negativos de los cuales estas empresa son responsables.

Otro indicador interesante sobre el efecto de la economía más allá de las fronteras es la huella ecológica, que persigue medir la superficie necesaria para sustentar un sistema económico. La huella ecológica permite constatar sin dar pie a demasiada discusión que la superficie que “utilizan” los países industrializados para sus necesidades es generalmente superior a la superficie existente dentro de sus límites territoriales, lo cual viene a significar que se están apropiando de la superficie de otros.

Este problema aumenta con el tiempo, la huella ecológica por habitante se ha duplicado en cuarenta años.

Tener una huella ecológica superior a la superficie real del país significa que se están utilizando una cantidad de recursos (y produciendo residuos) superiores a la cantidad que podríamos obtener de una manera sostenible en nuestras fronteras. Únicamente hay dos vías para que la situación actual sea posible, la sobreexplotación dentro de nuestras fronteras y la apropiación de recursos del exterior.
Los países empobrecidos no son los mayores causantes de las crisis ambientales a pesar de ser los lugares donde físicamente se producen una parte considerable de los efectos (deforestación de las selvas tropicales, extracciones mineras y petrolíferas, insalubridad de las aguas, extinción de especies, contaminación por industrias deslocalizados desde el Norte, sustitución de paisaje por monocultivos de producción agroalimentario, desplazamiento por la construcción de infraestructuras como presas para generar energía, …). Es necesario buscar las causas reales del problema, frecuentemente lejos, donde se toman las decisiones, y donde se produce un mayor consumo.

Es donde se sacan los recursos materiales y energéticos necesarios para garantizar nuestro consumo final donde se producen buena parte de los impactos, e incluso la mayor parte de la generación de residuos. El concepto de “mochila ecológica” es muy ilustrativo para cuantificar la cantidad de material requerida para conseguir una unidad de producto final. Para cada producto es posible estimar su “mochila ecológica”. Así por ejemplo, para obtener un kilo de hierro es necesario movilizar 14 kilos de materiales, mientras que para obtener un anillo de oro de 10 gramos se precisan remover 3,5 toneladas de materiales. Con frecuencia sucede que mientras el consumo de un producto se da en un país, su “mochila ecológica” se queda en otro. Siendo ésta un residuo sin ningún o con poco valor, y pudiendo además causar severos perjuicios ambientales.

Por otro lado el fenómeno de la globalización también tiene consecuencias ambientalmente perniciosas para los países en desarrollo. En un contexto de competencia a escala global, para las empresas resulta ventajoso producir en los lugares donde la permisividad ambiental es mayor (del mismo modo que también resulta más ventajoso producir donde las condiciones laborales son peores). En este caso la competencia no deriva en la deseada eficiencia en la producción, sino en el deterioro ambiental y en la explotación de trabajadores, a menudo para beneficio de los consumidores de los países enriquecidos.

Esta dinámica fácilmente puede derivar en una bajada de los estándares laborales y ambientales en los países industrializados para poder mantener la competitividad, como ya está pasando.

En España vivimos un modelo insostenible que apuesta por la especulación y no por el conocimiento. Entre 1990 y 2000 el suelo urbanizado creció un 26% en España, mientras que la población aumentó un 5%. En algunas comunidades, la urbanización aumentó un 50%. El consumo de energía se ha multiplicado por dos en los últimos 20 años y actualmente crece un 6% anual. Cada vez se consume más energía para producir lo mismo. La actividad cotidiana en los 13,5 millones de hogares en España ocasiona un 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero que se arrojan a la atmósfera, casi tanto como la industria (34%) y muy cerca del transporte de viajeros y mercancías (27%). Han instalado en España, por ejemplo, cinco millones nuevos aparatos de aire acondicionado en menos de medio año. El aumento de las emisiones de gases contaminantes por la quema de combustibles en el tráfico motorizado y la producción de energía tiene efectos sobre la salud, principalmente en las grandes ciudades.

Nuestra demanda de petróleo no deja de crecer; se prevé un aumento de un 30 o 50 % en los próximos veinte años. Los viajes en avión el fin de semana a Paris, Ámsterdam o Londres. ¿Uvas de Chile, langostinos de Brasil y rosas de Colombia para un fin de semana romántico? ¿Eso es realmente necesario? ¿O podríamos también estar felices saliendo en la bicicleta a la sierra, comiendo fruta de la estación y recogiendo un ramo de flores del prado? ¿Es necesario comprar cada año el último invento de telefonía móvil o sería suficiente con utilizar los aparatos eléctricos durante muchos años y cuando se dañen se les manda a reparar? ¿Y el atasco cada mañana?

Mucho más sencillo coger el transporte público, nos ahorraríamos dinero y estrés.

Tenemos la obligación de repensar las formas de producir y consumir y romper con el desarrollo económico que causa la destrucción del medio ambiente.

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